DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

por Nengumbi Celestin Sukama (Presidente del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración – IARPIDI)

Contemplando el mundo a través de los acontecimientos históricos respecto de la gobernabilidad se puede comprobar que de las distintas formas de gobiernos que existieron y que existen en distintas sociedades, la democracia parece ser sin lugar a dudas la forma de gobierno que en la mayoría de los casos provee mayor estabilidad política a los países. Esta estabilidad es el factor principal para promover la paz, la prosperidad y el bien estar en cada región del mundo.

Sin embargo, la estabilidad política solo, no alcanza para que la paz sea duradera. Para ello, la democracia debe ir acompañada por un gran respecto por los derechos humanos que deberían fomentar la elaboración e implementación responsable de políticas públicas que fomenten la inclusión de la ciudadanía en las distintas esferas de la vida de la sociedad. Esto implica que la noción de la democracia debe asociarse a la de gobernabilidad con la finalidad de enfatizar la implementación de principios que hacen a una gestión eficaz, eficiente, exitosa, responsable, sustentable, honesta y transparente de una sociedad.

Para llegar a esto hay que atenerse a los grandes principios de la democracia, es decir, el respecto por la independencia de los tres poderes para garantizar el equilibro político en una sociedad, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. La interferencia, especialmente del Poder Ejecutivo en los dos otros poderes lleva a la debilidad de la democracia con serias consecuencias. Tal es el fenómeno que actualmente está ocurriendo en muchos países de la región como del planeta, generando un fuerte debilitamiento de la democracia mediantes consecuencias tales como la corrupción, la exclusión que lleva a la población a la pobreza e indigencia, la inseguridad, la drogadicción, el populismo y el clientelismo político, la degradación del medio ambiente, el debilitamiento de la educación, etc.

Es en este contexto en el que se suscribe el compromiso por el mayor respecto por los derechos humanos, cuya conquista y goce depende del involucramiento honesto de toda la sociedad en su conjunto y un mayor entendimiento de lo que significan los derechos humanos y el amor por la patria. Digo amor por la patria para que en cada país de la región, el desarrollo y crecimiento socio-comunitario se haga en función del desarrollo y crecimiento social, económico, cultural, educativo, intelectual y el bien estar de cada ciudadano/a en particular. El involucramiento honesto tiene que ver con el hecho de que la injusticia social que debilita la democracia no es solo producto de la obra de los dirigentes políticos, sino que, goza también del acompañamiento de un gran sector de la ciudadanía, dando prioridad a beneficios personales a corto plazo, pero con grandes consecuencias a mediano y largo plazo para el país.

Se entiende que en cualquier país del mundo no es fácil gobernar sabiendo que hay que fomentar el crecimiento y desarrollo económico, luchar contra el desempleo, combatir la inflación, generar el equilibro del balance comercial, y paralelamente a esto generar políticas públicas para atender otros problemas de la ciudadanía como la salud, la seguridad, la educación por un lado, y por el otro, generar equilibro en las relaciones bilaterales y sobre todo, el equilibro y harmonía en las relaciones con los inversionistas nacionales como extranjeros, también resistir la presión internacional de organismos multinacionales, corporaciones, etc.

El gran desafío en este contexto es el apoyo responsable de la ciudadanía con un amplio y claro entendimiento de los derechos humanos en toda su diversidad. Es decir que a través de campañas de concientización y educación permanente brindarle a la ciudadanía la información necesaria respecto a los derechos humanos, entendiendo que son universales puesto que les corresponden a todos los seres humanos, indivisibles e interdependientes ya que la violación de un derechos pondría en riesgo la vigencia de los demás derechos, y esto, acorde a la declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de Derechos políticos y Civiles, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la constitución Nacional y la de cada provincia y los demás tratados, y convenciones internacionales en materia de derechos. Este apoyo debe efectuarse más allá de la pertenencia o tendencia partidaria.

Sin lugar a dudas, la realización o la concreción de los objetivos arriba mencionados dependerán de la elaboración e implementación de Políticas de Estado en su sentido más estricto. Esta forma de trabajar permitirá a los países de la región superar las incompatibilidades políticas sectoriales (partidarias) priorizando los intereses de la Nación y luego de los partidos políticos, pues los intereses de los partidos deben sujetarse a lo establecido en las políticas de estado a través del Congreso y el Senado de cada país. Como se sabe, las llamadas Políticas de Estados son a largo plazo, por lo general, de 20 años en adelante, pero se recomiendo una proyección de un promedio de 30 años. Haciendo tales proyecciones con el mayor interés de fomentar el desarrollo y el crecimiento económica, intelectual, educativo, cultural, industrial, político, democrática y social con el especial interés de promover e incentivar el respecto y goce por los derechos humanos de cada ciudadano/a con especial énfasis en aquellos/aquellas en la situación de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad social para que dejen de ser víctimas de los/las que hacen uso de ellos/ellas por distintos motivos (políticos, trabajo ilegal, el narcotráfico, la prostitución, robos, uso de drogas ilegales, etc.).

El fortalecimiento de la democracia sumado del respeto profundo y real por los derechos humanos con especial hincapié en el respeto de la voluntad de la ciudadanía expresada a través de sus representantes en Los Congresos, y el respecto de la representación de los Estados Provincias a través de sus representantes en los Senados llevaría a que el interés por la inclusión integral de la ciudadanía esté en el seno de todas las actividades de la clase dirigente de los países de la región.
La independencia real de los poderes, especialmente del Poder Judicial será la que permitirá que se pueda limitar el abuso de poder por parte del Poder Ejecutivo cumpliendo con la aplicación estricta de las leyes haciendo que no haya nadie que se encuentre por encima de la ley como está sucediendo hace décadas varios países de la región y del mundo. Paralelamente a esto, el Poder Judicial deberá apoyar y fortalecer el trabajo de los/las defensores/as de derechos humanos, para que de este modo se fortalezca la participación de la sociedad civil en la política y esto, sin odio ni fanatismo partidario.

Creo que es en este contexto que los State Alumni tienen una gran responsabilidad en trabajar en forma de redes nacionales e internacionales para incidir y fomentar cambios en la elaboración de las políticas públicas considerando que la garantía por el respeto por los derechos humanos es la responsabilidad de los Estados. Llegar a concretar la creación de las asociaciones de ex becarios a nivel de cada país para que esas asociaciones articulen acciones en colaboración con la IANA sería la mejor forma de trabajar y potenciar la lucha por el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la pobreza, la indigencia y la exclusión social en nuestras sociedades.

La combinación y la relación armoniosa, estable y permanente entre todos los principios de la democracia, derechos humanos e inclusión social permitirían una mejor lucha o el mejor activismo por la igualdad de derechos, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la equidad social.