EL DESAFÍO DE LA INTEGRIDAD Y DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Autor: Lic. Daniel Di Scala (Argentina). Licenciado en Relaciones Públicas, especializado en capacitación docente.

Situaciones Dilemáticas de la Docencia

Todos sabemos lo negativo que resulta para cualquier persona obrar en forma contraria a lo que ella misma piensa y cree. Hacerlo supone no sólo una falta de conciencia y ausencia de espíritu crítico, sino también la particular capacidad de vivir escindido de la realidad (síntoma propio de patologías como la esquizofrenia).

No me referiré a casos patológicos, sino más bien a seres humanos mentalmente sanos y cabales. El eje de análisis será la persona del docente, como sujeto de derecho y como parte de un sistema de trabajo que le exige capacidades para aportar al desarrollo y la inclusión social de sus alumnos, al mismo tiempo que precariza sus condiciones laborales y le cercena derechos adquiridos en el ejercicio de su profesión. Aclaro que la situación que se describe sucede en la Provincia de Buenos Aires, una de las más extensas y pobladas de la República Argentina. Pero seguramente habrá casos similares, tanto en otras localidades de nuestro territorio nacional como en otros países de la Región. Compartir este relato, por tanto, pretende contribuir a la reflexión en sentido amplio sobre problemáticas de este tipo.

En la Provincia de Buenos Aires, se sucedieron en los últimos 20 años una serie de cambios que afectaron al sistema educativo, y más precisamente a la escolarización media de carácter público de gestión privada (la transferencia de instituciones desde la órbita del Estado Nacional a la Provincia; la Reforma Educativa de la década del 90 -para la introducción del sistema Polimodal-, y la última del año 2009, que reformó la reforma anterior, creando la denominada “ Nueva Secundaria”).

El Estatuto del Docente sostiene que el máximo de horas titulares que puede un docente tener frente a curso es de 20 módulos (cada módulo equivale a 1 hora-reloj). Esta cantidad de horas se alcanza, sin superposición de cargos ni horarios, trabajando diariamente cuatro horas de lunes a viernes, durante cada mes.

El contralor correspondiente se lleva en la Secretaría de cada institución, a la cual cada docente debe presentar al principio de cada ciclo lectivo una declaración jurada consignando la cantidad de horas titulares de que dispone.

El Estatuto no limita la cantidad de horas que el docente asuma en condición de suplente, ni tampoco las que trabaje en instituciones privadas sin subvención estatal. Y permite que aquellos docentes que ejerzan un cargo directivo puedan complementar su ingreso con el dictado de los 20 módulos mencionados.

Un docente con 18 años de antigüedad en su cargo, trabajando 20 módulos cobraría actualmente en promedio alrededor de U$S 1.300.- (dólares un mil trescientos). Si bien es cierto que en los últimos años existió una actualización salarial importante, es particularmente difícil mantener un nivel de vida holgado con esa suma. Por eso es que, en la mayoría de los casos, los docentes de la Provincia tienen una carga horaria mayor a la permitida.

La Dirección General de Escuelas Privadas conoce el tema a la perfección, pues tiene registrada actualmente la totalidad de las horas de clase que dicta cada uno de sus agentes. Más aún, autorizó en muchos casos el incremento de la carga horaria de docentes que estaban ya excedidos, algunos muy ampliamente. Y en lugar de hacer valer la norma a todos por igual, la aplica a casos puntuales y de manera discrecional, generando injusticias, inestabilidad, precariedad laboral y, consecuentemente, exclusión en el plantel docente.

¿De qué manera? El procedimiento se fue haciendo cada vez más sofisticado a medida que pasó el tiempo. Hasta hace algunos años atrás, intimaba individualmente a cada docente a renunciar a las horas excedentes, responsabilizándolo de la infracción al Estatuto. Y mientras muchos renunciaban y veían mermados sus ingresos, otros planteaban recursos de amparo fundados en el hecho de que si la propia Dirección General les había convalidado una cantidad de horas de clase titulares superior a la delimitada por el Estatuto, no podía conculcar posteriormente un derecho adquirido por los trabajadores.

Así, pues, al día de hoy la práctica sigue, pero con una sutileza mayor: los nuevos planes de estudio de la nueva secundaria reemplazan algunas materias por otras de diferente denominación. En muchos casos el docente de la asignatura que se termina no tiene posibilidades de dictar la nueva currícula, dada su porque su título profesional no lo habilita. Y como la disposición dice que nadie debe quedarse sin trabajo, la Dirección General de Escuelas continúa pagando los sueldos de los profesores desplazados por el término de un año (lo cual no es malo, sino mas bien aceptable mientras se produce la reubicación en asignaturas más acordes a cada perfil).

Finalizado ese año, y al comenzar un nuevo ciclo lectivo, el docente debe ser reubicado, y el movimiento debe ser aprobado por la Dirección General de Escuelas Privadas… sí y sólo sí ese docente no exceda la carga horaria establecida en el Estatuto. Porque si eso sucede, el Sistema no autoriza su movimiento de alta y no libera los recursos para pagar su salario en las horas que exceden los 20 módulos . Las Instituciones educativas que optan por conservar a esos profesionales en sus planteles deben pagarle con sus propios recursos, porque el Estado Provincial no lo hace.

A la corta, el docente sólo, dejado a la deriva por sus empleadores (a quienes no conviene afrontar una carga salarial que debería ser asumida por el Estado Provincial), abandonará esas horas, perderá trabajo e ingresos, y cargará con la responsabilidad de haber cometido “la falta grave” de haber osado vivir de su trabajo. Para evitar consecuencias semejantes, la mayoría de los docentes se vé obligado a falsear sus declaraciones juradas para evitar hacer evidente en su lugar de trabajo lo que la Dirección General de Escuelas ya sabe, pero no asume.

Será sin duda interesante saber porqué los sindicatos docentes no se manifiestan públicamente sobre esta situación. También porqué los damnificados la aceptan, y con qué objetivo desde el Estado no se propone una alternativa diferente a la actual, que termina limitando la libertad de trabajo de los docentes vinculados a instituciones educativas privadas subvencionadas por el Estado (que representan un importante porcentaje dentro del Sistema Educativo Provincial).

Un abordaje adecuado para esta situación requiere un análisis mucho más profundo y detallado. La descripción, mas allá de introducir al tema, obliga a reflexionar sobre algunos aspectos que no son menores en la tarea de educar:

1 – Es imprescindible educar en valores, en todos los niveles de la enseñanza. Y el docente en persona es el vector de esa transmisión. Pero los valores (de la misma manera que el ejercicio de la ciudadanía responsable) requieren un alto grado de testimonio e integridad para ser bien transmitidas. Si la falta de coherencia entre el pensamiento y la acción es promovida por el propio Sistema Educativo en casos como el que se describe, es obvio que esa contradicción distorsionará la educación en valores que se pretende.

2 – Es imprescindible transmitir esperanza en las nuevas generaciones, como actitud frente a la vida, y como vía de acceso a la creatividad y a la propia superación personal. Sembrar esperanza es un desafío cotidiano de la docencia, pero… es sin duda mas difícil para aquellos que tienen limitada su libertad de trabajo y los propios horizontes para desarrollar su vocación.

3 – El rol de liderazgo en cualquier actividad no debe entenderse como mero ejercicio de la autoridad o el poder, sino mas bien como actitud de servicio. En cualquier posición en que deba ser ejercido, pero particularmente en la política o en la representación gremial, la responsabilidad social del líder es transformar las estructuras de injusticia que oprimen a las personas, haciendo que los sistemas que regulan la actividad humana sean mas inclusivos, democráticos, representativos y progresistas. No es una utopía, sino, simplemente, pretender llevar a su más acabada expresión la consideración de la actividad política como “arte de lo posible”: ejercitando la coherencia entre el pensamiento y la acción.

Nadie, en absoluto, está exento de ese desafío en la situación que se describe: ni funcionarios, ni gremialistas ni docentes. Las desafortunadas expresiones que formuló la Sra.Presidente de la Nación sobre la docencia, en la reciente apertura de las Sesiones Legislativas, puede servir como ejemplo.

Hay algo que cambiar en esta situación. Es cierto que una acción vale más que mil palabras. Y para demostrarlo, éste es el tiempo y el lugar.